La fortaleza de Gibraltar pertenecía a Pedro Laso de la Vega, un comunero arrepentido que contaba con la protección de los gobernadores del reino. Siguiendo instrucciones de la corte, el marqués de Mondéjar, virrey de Granada, había ordenado ocupar el castillo el 29 de abril de 1521,
confiándolo a Rodrigo de Bazán, a quien se nombró también corregidor de Gibraltar. En cuanto le llegó la noticia de lo sucedido, Pedro Laso protestó enérgicamente y el 20 de junio de 1521 los tres virreyes solicitaron a Rodrigo de Bazán que se retirara y devolviera la plaza a los representantes de Laso. Al mismo tiempo, los virreyes se esforzaron por obtener de la Corte la correspondiente contraorden; el embajador portugués entregó, a petición de los virreyes, un certificado de buena conducta al antiguo comunero, que había sido uno de los pocos comuneros en atender sus sugerencias cuando sus tentativas de conciliación en enero de 15214. Rodrigo de Bazán se negó a cumplir los deseos de los virreyes; una provisión fechada el 31 de julio no tuvo mayor efecto que la
primera. No contento con ello, el nuevo alcalde rompió en mil pedazos el decreto de los virreyes y ordenó encarcelar a los magistrados que se lo habían entregado; los virreyes encargaron entonces al corregidor de Ecija que abriera una información sobre estos hechos y entablar una acción judicial contra Bazán si persistía en su actitud. Rodrigo de Bazán acudió entonces directamente a la Corte, recordando que había llegado expresamente desde Worms con órdenes del emperador para efectuar la ocupación de Gibraltar. En recompensa solicitaba todos los bienes de Pedro Laso. La respuesta no se hizo esperar. Una cédula fechada en Bruselas el 26 de septiembre de 1521 protegía por completo a Bazán y otra del 6 de abril confirmaba la anterior y desautorizaba la actitud adoptada por los virreyes.